Problemas en la Inspección Médica de Profesores en Canarias
En las últimas semanas, la comunidad educativa en Canarias se ha visto sacudida por una serie de decisiones tomadas por la Inspección Médica que han generado una ola de críticas y preocupaciones. El caso de varias profesoras declaradas «no aptas» para el servicio docente, a pesar de haber aprobado las oposiciones y tener años de experiencia, ha puesto en el punto de mira los protocolos de evaluación médica en el ámbito educativo.
Casos Concretos de Discriminación
Uno de los casos más destacados es el de Uxía García Freire, una joven profesora gallega de 28 años con una discapacidad visual del 66% debido a una retinosis pigmentaria. A pesar de haber aprobado las oposiciones en Canarias y comenzar a trabajar en un colegio de La Orotava, Tenerife, fue declarada «no apta» por la Inspección Médica después de solo 90 días en el puesto. Esta decisión es particularmente controvertida, dado que Uxía había presentado informes favorables de la Inspección Educativa, la directora del centro y su tutora de prácticas, todos los cuales atestiguaban su capacidad para desempeñar sus funciones sin problemas[1][2].
Otro caso que ha generado indignación es el de Laura Cánovas, una especialista en Educación Especial con cinco años de experiencia docente. A pesar de no haber recibido quejas durante su trayectoria profesional, Laura, que es sorda, fue declarada «no apta» por la Inspección Médica tras aprobar las oposiciones. Esta decisión ha sido calificada de «discriminatoria» por organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)[2].
Críticas y Exigencias de Revisión
Estos casos no son aislados; según el sindicato STEC-IC, cientos de docentes han enfrentado situaciones similares en los últimos años. La Inspección Médica ha sido cuestionada por su enfoque, que muchos consideran más orientado a reducir costes que a velar por la salud y el bienestar del profesorado. El STEC-IC ha exigido una revisión exhaustiva de los protocolos de evaluación médica para garantizar la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad[2].
Impacto en la Comunidad Educativa
La situación ha generado un clima de incertidumbre y estrés entre los docentes afectados. A pesar de superar enfermedades de larga duración y recibir el alta médica, muchos se ven cesados al intentar reincorporarse a sus puestos de trabajo. El prolongado periodo de incertidumbre puede perjudicar significativamente la salud y el bienestar de estos profesionales[2].
Medidas Transitorias y Soluciones a Largo Plazo
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado una reunión con la representación de los afectados para explorar posibles soluciones transitorias. Se está considerando la posibilidad de ofrecer otras plazas o proporcionar asistentes de apoyo para aquellos docentes declarados «no aptos». Sin embargo, la comunidad educativa y las organizaciones de discapacidad insisten en la necesidad de una revisión profunda y definitiva de los protocolos de evaluación médica[1][2].
La Necesidad de Inclusión y Adaptaciones
La falta de «ajustes razonables» en el entorno laboral es un punto crítico en esta discusión. Las organizaciones de discapacidad argumentan que, en lugar de evaluar las capacidades reales de los docentes y proporcionar las adaptaciones necesarias, se les está excluyendo injustamente del sistema educativo. La implementación de adaptaciones adecuadas es crucial para que todos los docentes, independientemente de sus circunstancias personales, puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva[2].
Conclusión y Futuro
El caso de las profesoras declaradas «no aptas» en Canarias pone de relieve la necesidad de una reflexión más amplia sobre cómo se gestionan las discapacidades en el ámbito laboral, especialmente en profesiones tan esenciales como la docencia. Es imperativo que las instituciones educativas y las autoridades competentes trabajen conjuntamente para garantizar que todos los docentes reciban un trato justo y equitativo, y que se implementen las adaptaciones necesarias para su inclusión efectiva.
La comunidad educativa y las organizaciones de discapacidad confían en que las recientes denuncias y demandas judicialmente leadas a favor de los docentes afectados puedan marcar un punto de inflexión en esta situación, asegurando un futuro más inclusivo y respetuoso para todos los profesionales de la educación.