Influencia en exámenes: Escándalo en la Policía de Granada
En la ciudad de Granada, un escándalo de gran magnitud ha sacudido a la Policía Local, revelando una red de influencias y presuntos amaños en las oposiciones para acceder al cuerpo policial. Este caso, que ha generado una gran controversia y preocupación entre la ciudadanía y los aspirantes a policías, pone en cuestión la integridad y la transparencia del proceso de selección.
Orígenes del Escándalo
La denuncia que ha desencadenado este escándalo fue presentada por un agente en activo de la Policía Local de Granada ante la Fiscalía Provincial en agosto de 2021. El agente alegó que varios altos cargos del cuerpo, incluyendo al jefe del cuerpo policial y a un miembro del tribunal de oposiciones, estaban involucrados en una trama para manipular los resultados de las oposiciones a favor de los hijos de algunos mandos policiales y sindicalistas[1][2].
Mecánica del Presunto Amaño
Según la denuncia, el proceso de selección fue manipulado a través de varios mecanismos. Se facilitaron las pruebas prácticas y las preguntas a los opositores elegidos, muchos de los cuales eran hijos de policías locales en activo. Además, se seleccionaron psicólogos a través de un contrato menor para asegurarse de que estos opositores favoritos superaran las pruebas psicológicas, mientras que otros opositores, a pesar de haber superado las correspondientes pruebas, eran excluidos del proceso[1][2].
Evidencias y Grabaciones Comprometidas
El agente denunciante aportó varias pruebas, incluyendo grabaciones de conversaciones comprometedoras. En estas grabaciones, se escucha a algunos de los implicados hablando sobre hacer favores y arreglos para que determinados opositores aprobaran el proceso. Por ejemplo, un miembro del tribunal mencionó que «en Granada deberían aprobar algunos hijos de policías (entre 8 y 10)» y que el sistema de selección se llevaría a cabo facilitando a los elegidos las pruebas prácticas y las preguntas[1].
Involucramiento de Academia y Figuras Públicas
La denuncia también señala el involucramiento de un centro de formación, el Centro Nous, que tiene estrechos vínculos con la Policía Local de Granada y el sindicato mayoritario SIPLG. Este centro formativo publicitaba haber logrado un 100% de éxito entre sus alumnos presentados a las oposiciones, lo que resulta altamente sospechoso. Además, se menciona que un familiar del ex concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, trabaja en este centro[1][2].
Reacciones y Consecuencias
La Fiscalía Provincial de Granada recibió la denuncia y, aunque inicialmente no se tomaron medidas inmediatas, una juez ordenó posteriormente investigar los hechos por «tráfico de influencias, extorsión, cohecho y prevaricación»[4].
El Ayuntamiento de Granada y la Policía Local han manifestado que esperarán a que se pronuncie la Fiscalía antes de tomar cualquier medida. La concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz, ha asegurado que respetarán el proceso judicial y que, en caso de que se abra una investigación, se llevará a cabo una investigación interna dentro del cuerpo policial[1].
Defensas y Contradenuncias
Algunos de los señalados han defendido su inocencia, argumentando que el agente denunciante está motivado por una denuncia previa por presunta apropiación indebida y que las acusaciones son infundadas. Sin embargo, las pruebas presentadas y las grabaciones comprometedoras sugieren una trama más profunda y compleja[1].
Impacto en la Confianza Pública
Este escándalo ha erosionado la confianza pública en la Policía Local de Granada y ha generado un sentimiento de injusticia entre los aspirantes a policías que participaron en las oposiciones de manera honesta. La transparencia y la equidad en los procesos de selección son fundamentales para mantener la integridad de las instituciones públicas, y este caso subraya la necesidad de una investigación exhaustiva y de medidas correctivas para prevenir futuras irregularidades.
En resumen, el escándalo en la Policía de Granada es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la justicia en los procesos de selección, y la necesidad de garantizar que todas las instituciones públicas operen con integridad y sin influencias indebidas.