Discriminación a profesoras con discapacidad en Canarias: un caso alarmante
En un incidente que ha generado gran indignación y debate, dos profesoras con discapacidad en las Islas Canarias han sido cesadas de sus puestos después de ser declaradas «no aptas» por una comisión de evaluación médica, a pesar de haber superado con éxito las oposiciones de Educación.
El Caso de Uxía García y Laura Cánovas
Uxía García, una maestra gallega de 28 años con una discapacidad visual del 66%, y Laura Cánovas, especialista en Educación Especial y persona sorda, habían obtenido plazas reservadas para personas con discapacidad después de aprobar las oposiciones en Canarias. Ambas comenzaron sus prácticas en septiembre del año pasado, pero su trayectoria se vio abruptamente interrumpida.
Uxía García: Una Discapacidad Visual No Obstáculo
Uxía García, con una discapacidad visual derivada de una amaurosis congénita de Leber, demostró su capacidad como docente en la especialidad de pedagogía terapéutica en un colegio de La Orotava, Tenerife. A pesar de su excelente desempeño y de contar con informes favorables de la inspección educativa y la dirección del centro, la inspección médica la citó para una entrevista y posteriormente la declaró «no apta» para el puesto[2][4][5].
La justificación proporcionada por la comisión de evaluación médica fue particularmente cuestionable, ya que expresaron preocupaciones como la posibilidad de que un niño se cayera por la ventana y ella no lo viera, a pesar de que las ventanas del colegio estaban equipadas con barreras de seguridad[2][5].
Laura Cánovas: Una Trayectoria Intachable
Laura Cánovas, con una discapacidad auditiva, había desempeñado su labor como funcionaria en prácticas durante cinco años sin recibir ninguna queja de sus superiores o del centro educativo. Sin embargo, también fue declarada «no apta» para desempeñar sus funciones, lo que ha generado una fuerte reacción de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad[1][4].
Críticas y Denuncias de Discriminación
La decisión de cesar a estas profesoras ha sido ampliamente criticada por organizaciones como la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Estas organizaciones argumentan que los criterios utilizados para la evaluación médica son obsoletos y discriminatorios, ignorando las capacidades y experiencias de las personas con discapacidad[2][4].
- ** Discriminación Total y Absoluta**: La ONCE ha calificado la situación de Uxía García como «gravemente discriminatoria» y la evaluación médica como «arbitraria»[2].
- Incumplimiento de la Ley: Se señala que la resolución vulnera derechos fundamentales y envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a carreras profesionales en igualdad de condiciones[4].
- Ajustes Razonables: La legislación española y los compromisos internacionales en materia de discapacidad exigen que las administraciones realicen ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades, lo que no se ha cumplido en este caso[5].
Reacciones y Medidas Provisionales
Ante la presión y las denuncias, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha adoptado algunas medidas provisionales. En el caso de Uxía García, se ha suspendido cautelarmente su cese, permitiéndole reincorporarse a su puesto, aunque no como funcionaria de carrera. Para Laura Cánovas, se están estudiando las circunstancias para determinar si se procederá de manera similar[4].
Un Llamado a la Inclusión Real
Este incidente subraya la necesidad de una inclusión real y no solo retórica en la sociedad. Uxía García y Laura Cánovas son ejemplos vivos de que las personas con discapacidad pueden y deben ser valoradas por sus capacidades y no limitadas por prejuicios y criterios obsoletos.
- Experiencias Positivas: Ambas profesoras han demostrado su capacidad y compromiso con la educación, y su presencia en el aula puede ser especialmente beneficiosa para estudiantes con necesidades educativas especiales[2][4].
- Mensajes Peligrosos: La decisión de cesarlas envía un mensaje peligroso de que las personas con discapacidad están sujetas a una evaluación distinta, donde los prejuicios pesan más que las capacidades[5].
En resumen, el cese de estas profesoras con discapacidad en Canarias es un recordatorio doloroso de que, pese a los avances legales y sociales, la discriminación sigue siendo una realidad que debe ser abordada con urgencia y determinación. Es crucial que las administraciones públicas y las instituciones educativas trabajen hacia una inclusión genuina, garantizando que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y sean valoradas por sus habilidades y contribuciones.